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Medellín, 26 de febrero de 2010
En los considerandos del Decreto 4975 de 2009 de la Emergencia Social, de los $1.8 billones que reclaman las EPS del Régimen Contributivo al FOSYGA por beneficios no incluidos en el POS, están los medicamentos cuyos valores exceden los precios de venta de los mismos laboratorios, según información que suministró la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos y de Investigación y Desarrollo –AFIDRO-, situación de la que el mismo Gobierno ha sido cómplice.
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El Estado de Opinión como reemplazo del Estado Social de Derecho no es una entelequia, es una realidad tangible y vibra en todos los movimientos que se han dado alrededor de la declaratoria del Estado de Emergencia Social. De un plumazo y con una medida de excepción basada en el Articulo 215 de la Constitución, se modifican el Estatuto Tributario, el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, El Código Penal, La ley 715 de 2001 y las leyes 100 de 1993 y 1122 de 2007.
El espectáculo noticioso corre en estos días por cuenta del Gobierno, tratando de explicar y justificar su declaratoria y cascada de decretos relacionados con la medida excepcional de la Emergencia Social. Pese a que el Ministro de la Protección Social trata de matizar en sus declaraciones el reconocimiento de atropellos e improvisación de normas para favorecer intereses de las EPS, cada vez confunde más a la opinión pública, a los médicos, a los usuarios y a la red pública hospitalaria. Incluso, nos tratan de incapaces (brutos) por supuestamente no entender las medidas. Esto me ha llevado a radicar una moción de censura por sus irresponsables actitudes.
